Cuando se evalúa el impacto ambiental que generará la ejecución de un proyecto se consideran las componentes físicas y biológicas pero también las económicas, culturales y sociales; y en este caso, están en juego no sólo la afectación de los recursos naturales sino también las actividades productivas, pautas culturales y la calidad de vida de los habitantes.
Lo que está defendiendo la comunidad de Gualeguaychú es justamente eso, una calidad de vida producto de un desarrollo propio.
La solución no pasa por tapar el conflicto analizando la respuesta de Gualeguaychú fuera del contexto que vive esa comunidad. Bajo ningún punto de vista se puede “demonizar” a la víctima, nuestra historia reciente está plagada de esos horrores.
Sin embargo, hoy surgen nuevos interrogantes; no sólo es el método de lucha elegido sino también el espacio-tiempo en que se libra la pulseada de poder. Es obvio que el método logra que el conflicto esté en la agenda, en los medios. Además, el método ha sido legitimado por diversos sectores de la sociedad, los cortes de ruta ya no son esquemas de lucha exclusivos de los “piqueteros”, tan temidos, y han sido adoptados por los sectores medios y de gran poder adquisitivo (basta recordar el conflicto con los propietarios/productores rurales). Lo que habría que evaluar es la decisión de mantener el método; lo peor es enamorarse de un mecanismo que ya dio lo que podía brindar y que, lentamente, se vuelve en contra del objetivo principal. En segundo término, el espacio-tiempo también merece su reconsideración, ¿acaso les sirve a los ambientalistas ser funcionales a las protestas de los propietarios/productores rurales? ¿No sería más sano deslindar intereses, a fin de mantener una postura coherente en el tiempo que les evite pagar costos de otros? ¿La solución es retardar un proceso de integración imprescindible para la región? Sin duda, no.
Estimar convenientemente la economía de fuerzas en juego no es abdicar objetivos; lo que tendrá que asumir la sociedad civil de Gualeguaychú es la manera de organizarse para mantener su reclamo a través de otras formas exitosas, como otrora fueran los cortes de ruta.
Nuestra sociedad civil ha aprendido numerosas lecciones en estos años de democracia, entre ellas que los recursos naturales son imprescindibles, porque el crecimiento económico no es sustentable si no hay un uso racional de los mismos ni Justicia Social que permita la redistribución del ingreso.
La situación amerita políticas activas entre los dos Estados para resolver la controversia. Las políticas de integración implican estas discusiones, hay que darlas. Es la única manera de construir, de no claudicar ante los intereses de quienes quieren maximizar sus ganancias en detrimento de la calidad de vida de los otros; porque el mercado tiene un único objetivo, el lucro. Es el momento de acordar cómo agregar valor a la producción; exportar pulpa de celulosa para importar papel no es negocio.
Y puertas adentro, que sirva el conflicto para aprender de una vez por todas que cualquier proyecto no puede radicarse en cualquier lugar, que las excepciones y los arreglos espurios los pagan los que menos tienen, los que no poseen los medios para emigrar.
Como siempre, es necesario un Estado activo que planifique y gestione el territorio; de lo contrario, será difícil asegurar la calidad de vida de los ciudadanos y conducir la protesta social.
Jorge Etcharrán
