En el día de ayer editamos el artículo "Cambio climático: ¿Nos enfrentamos a un puñado de alarmistas o es el momento de actuar?" de la Profesora Lara Lázaro Touza, catedrática española del London School of Economics and Political Science.
La Profesora Lazaro Touza nos ha autorizado a editar este trabajo, que ha sido publicado por el Real Instituto Elcano, lo cual es un orgullo para los que trabajamos en este blog.
lunes, 15 de octubre de 2007
domingo, 14 de octubre de 2007
Desarrolo urbano. Capacidad de carga y territorio
La ciudad como tecnosistema permite una multiplicidad de emprendimientos económicos, culturales y sociales, a partir de las decisiones de los distintos actores estatales, privados y de la sociedad civil. Estas acciones implican, en muchos casos, actuar sobre edificaciones existentes o la generación de “nuevos” espacios que servirán para que se desarrollen aquellos emprendimientos, lo cual conlleva inversiones en infraestructura, bienes de capital, trabajo en el territorio delimitado de la ciudad.
Pero Buenos Aires, a diferencia de otras ciudades, tiene sus límites territoriales. Y es ésta, la primera característica a tener en cuenta. Buenos Aires no se puede expandir, salvo ganándole tierras al Río de La Plata.
En consecuencia, la posibilidad de “crear” ciudad es posible sobre lo ya urbanizado, lo preexistente. Esta segunda característica determina un escenario, en el que lo territorial y lo ambiental cobran una significación mayor aún que en los distritos mixtos donde coexisten las áreas urbanas y las rurales.
El manejo sustentable de un territorio que presenta estas características es viable en tanto se planifique su desarrollo, puesto que existen límites definidos y capacidades finitas. La evaluación de dichas capacidades permitirá conocer el piso del que se parte para alcanzar el perfil de ciudad que se anhela.
Las capacidades finitas
Ahora bien, el tecnosistema asentado en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires no es un continuo homogéneo, está compuesto por diferentes zonas. Estas zonas, que no siempre coinciden con las clasificaciones administrativas o con la asignación de usos permitidos y sus complejas articulaciones internas y externas, poseen aptitudes que implican restricciones. Conocerlas acabadamente es condición ineludible para determinar las capacidades del lugar.
Desde distintos campos se ha intentado dar cuenta de esta realidad. Métodos como la Evaluación de Impacto Ambiental[1] y el Análisis de Riesgo son herramientas de planificación que se utilizan en la actualidad, pero que tienen su aplicación principal a nivel de proyecto (por ejemplo, el emplazamiento de una industria de alta complejidad ambiental). En una dimensión diferente, el indicador integrador Huella Ecológica permite estimar, aproximadamente, el terreno que requiere la población de un distrito o de una región para producir los recursos consumidos y asimilar los residuos generados[2] (una ciudad global necesita terrenos que exceden largamente su propio territorio para mantener sus estándares de consumo).
Por lo tanto, la planificación y el manejo de zonas, cuya extensión superficial no exceda la de algunas manzanas o la de un barrio, es una asignatura que debemos aprobar. La experiencia internacional remite a los esfuerzos en la Unión Europea para avanzar en estas herramientas de gestión.
Uno de los caminos es la posibilidad de trabajar con el concepto de Capacidad de Carga, que ha sido utilizado con éxito en actividades como el turismo.
El concepto de Capacidad de Carga proviene de la Biología y se relaciona con el máximo tamaño poblacional de una especie que puede ser soportado por un ambiente dado en forma indefinida, sin dañar permanentemente el ecosistema. Sin embargo, no se puede aplicar un simple conteo de seres humanos vinculado a un territorio. La ciencia, la tecnología, la cultura como los modelos de desarrollo, producción y consumo, están de por medio y no se pueden ignorar. La Capacidad de Carga humana puede ser interpretada como la tasa máxima de consumo de recursos y descarga de residuos que se puede sostener indefinidamente sin desequilibrar progresivamente la integridad funcional y la productividad de los ecosistemas principales, sin importar dónde se encuentren estos últimos. La correspondiente población humana será una función de las relaciones entre el consumo material y la producción de residuos per capita o la productividad neta dividida por la demanda per capita[3].
En consecuencia, la Capacidad de Carga depende no sólo de las características del medio (tanto físicas como biológicas) sino también de la infraestructura existente y del entorno socioeconómico y cultural.
La importancia del concepto
Por lo expuesto precedentemente, cuando se lleva a cabo una intervención de magnitud en la Ciudad, se debe prestar especial atención a estos tres aspectos.
Así es que se puede invertir en infraestructura y ampliar las posibilidades que ofrece una zona determinada. Estas acciones requerirán financiamiento y tiempo (para su planificación y ejecución), además de contar con los recursos pertinentes (agua, energía eléctrica, gas, entre otros). No obstante, por su envergadura, la ciudad de Buenos Aires estaría en condiciones de ampliar la red de agua potable o el tendido que provea energía eléctrica.
Sin embargo, cuando se analizan las características del medio y del entorno socioeconómico y cultural, las posibilidades se restringen, puesto que éstas son mucho más difíciles de modificar.
Cuando el riesgo de inundación de una zona es alto porque el terreno de la misma está por debajo de la cota es difícil, casi inviable, construir un barrio en dichos terrenos. Este es sólo un ejemplo que muestra que la factibilidad de modificar las condiciones físicas (o biológicas) de una zona es, cuando menos, muy oneroso.
No es diferente la situación generada por una norma de excepción que permite radicar un emprendimiento productivo de alta complejidad ambiental en una zona residencial. Sería arduo justificar la instalación de un frigorífico en Villa Devoto o en la “city” de la Ciudad.
También se dan casos en los cuales confluyen varias de las características enunciadas. Un ejemplo concreto de la falta de planificación que derivó en el no éxito, por no llamarlo fracaso, de una iniciativa innovadora en su momento, fue el traslado de las personas que habitaban los famosos albergues de la calle Warnes a un barrio construido sobre terrenos contaminados con residuos peligrosos. Las instancias municipales de entonces no evaluaron las capacidades del lugar.
En síntesis, se pueden desarrollar intervenciones de envergadura en Buenos Aires, pero no cualquiera; ni tampoco en zonas inapropiadas. Los territorios tienen capacidades finitas.
Algunas consideraciones finales
Varios de los conflictos que se constatan a diario en Buenos Aires son producto de las tensiones no resueltas entre la capacidad de carga de un lugar y las intervenciones que se quieren llevar a cabo.
Las quejas que surgen en diferentes barrios, como Caballito, por la construcción de complejos edilicios de envergadura, transparentan conflictos que dan cuenta de las tensiones citadas. Si en una zona, la provisión de agua potable de la población residente ha disminuido por los nuevos edificios que se han construido, es porque se ha rebasado la capacidad de la infraestructura existente. Tal vez, para que se autoricen nuevas construcciones se debería efectuar, previamente, el análisis de la Capacidad de Carga que posee esa zona para que los ciudadanos residentes no sufran un desmedro en su calidad de vida y los que llegan puedan acceder a condiciones similares.
Más aún, en el actual proceso de reactivación económica, se debe prestar especial atención a la “oferta” del lugar. El indebido uso del suelo y la falta de planificación conllevan a conflictos ambientales, económicos y sociales. Buenos Aires no puede soslayar las experiencias negativas propias y las de los municipios del conurbano bonaerense.
Para finalizar, el perfil de la ciudad que se anhela surgirá de una clara decisión política sustentada en el apoyo de la mayoría de la sociedad, condición necesaria para poder conducir y terciar ante los conflictos de intereses existentes en dicha sociedad. Pero, transformar ese perfil en realidad va a depender de la calidad institucional imprescindible para alcanzar esa meta.
Buenos Aires puede aprovechar una instancia fundacional abierta en 1996 y que aún no ha cristalizado, aún hay tiempo.
Jorge Etcharrán
Marzo de 2007 (publicado en Revista Concepto Nº 1)
[1] Procedimiento técnico administrativo legislado a través de la Ley 123 y sus modificatorias.
[2] Muy aplicado en España. Especialmente a escala de distritos, como Navarra, y ciudades, como Barcelona.
[3] Rees, 1990.
Pero Buenos Aires, a diferencia de otras ciudades, tiene sus límites territoriales. Y es ésta, la primera característica a tener en cuenta. Buenos Aires no se puede expandir, salvo ganándole tierras al Río de La Plata.
En consecuencia, la posibilidad de “crear” ciudad es posible sobre lo ya urbanizado, lo preexistente. Esta segunda característica determina un escenario, en el que lo territorial y lo ambiental cobran una significación mayor aún que en los distritos mixtos donde coexisten las áreas urbanas y las rurales.
El manejo sustentable de un territorio que presenta estas características es viable en tanto se planifique su desarrollo, puesto que existen límites definidos y capacidades finitas. La evaluación de dichas capacidades permitirá conocer el piso del que se parte para alcanzar el perfil de ciudad que se anhela.
Las capacidades finitas
Ahora bien, el tecnosistema asentado en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires no es un continuo homogéneo, está compuesto por diferentes zonas. Estas zonas, que no siempre coinciden con las clasificaciones administrativas o con la asignación de usos permitidos y sus complejas articulaciones internas y externas, poseen aptitudes que implican restricciones. Conocerlas acabadamente es condición ineludible para determinar las capacidades del lugar.
Desde distintos campos se ha intentado dar cuenta de esta realidad. Métodos como la Evaluación de Impacto Ambiental[1] y el Análisis de Riesgo son herramientas de planificación que se utilizan en la actualidad, pero que tienen su aplicación principal a nivel de proyecto (por ejemplo, el emplazamiento de una industria de alta complejidad ambiental). En una dimensión diferente, el indicador integrador Huella Ecológica permite estimar, aproximadamente, el terreno que requiere la población de un distrito o de una región para producir los recursos consumidos y asimilar los residuos generados[2] (una ciudad global necesita terrenos que exceden largamente su propio territorio para mantener sus estándares de consumo).
Por lo tanto, la planificación y el manejo de zonas, cuya extensión superficial no exceda la de algunas manzanas o la de un barrio, es una asignatura que debemos aprobar. La experiencia internacional remite a los esfuerzos en la Unión Europea para avanzar en estas herramientas de gestión.
Uno de los caminos es la posibilidad de trabajar con el concepto de Capacidad de Carga, que ha sido utilizado con éxito en actividades como el turismo.
El concepto de Capacidad de Carga proviene de la Biología y se relaciona con el máximo tamaño poblacional de una especie que puede ser soportado por un ambiente dado en forma indefinida, sin dañar permanentemente el ecosistema. Sin embargo, no se puede aplicar un simple conteo de seres humanos vinculado a un territorio. La ciencia, la tecnología, la cultura como los modelos de desarrollo, producción y consumo, están de por medio y no se pueden ignorar. La Capacidad de Carga humana puede ser interpretada como la tasa máxima de consumo de recursos y descarga de residuos que se puede sostener indefinidamente sin desequilibrar progresivamente la integridad funcional y la productividad de los ecosistemas principales, sin importar dónde se encuentren estos últimos. La correspondiente población humana será una función de las relaciones entre el consumo material y la producción de residuos per capita o la productividad neta dividida por la demanda per capita[3].
En consecuencia, la Capacidad de Carga depende no sólo de las características del medio (tanto físicas como biológicas) sino también de la infraestructura existente y del entorno socioeconómico y cultural.
La importancia del concepto
Por lo expuesto precedentemente, cuando se lleva a cabo una intervención de magnitud en la Ciudad, se debe prestar especial atención a estos tres aspectos.
Así es que se puede invertir en infraestructura y ampliar las posibilidades que ofrece una zona determinada. Estas acciones requerirán financiamiento y tiempo (para su planificación y ejecución), además de contar con los recursos pertinentes (agua, energía eléctrica, gas, entre otros). No obstante, por su envergadura, la ciudad de Buenos Aires estaría en condiciones de ampliar la red de agua potable o el tendido que provea energía eléctrica.
Sin embargo, cuando se analizan las características del medio y del entorno socioeconómico y cultural, las posibilidades se restringen, puesto que éstas son mucho más difíciles de modificar.
Cuando el riesgo de inundación de una zona es alto porque el terreno de la misma está por debajo de la cota es difícil, casi inviable, construir un barrio en dichos terrenos. Este es sólo un ejemplo que muestra que la factibilidad de modificar las condiciones físicas (o biológicas) de una zona es, cuando menos, muy oneroso.
No es diferente la situación generada por una norma de excepción que permite radicar un emprendimiento productivo de alta complejidad ambiental en una zona residencial. Sería arduo justificar la instalación de un frigorífico en Villa Devoto o en la “city” de la Ciudad.
También se dan casos en los cuales confluyen varias de las características enunciadas. Un ejemplo concreto de la falta de planificación que derivó en el no éxito, por no llamarlo fracaso, de una iniciativa innovadora en su momento, fue el traslado de las personas que habitaban los famosos albergues de la calle Warnes a un barrio construido sobre terrenos contaminados con residuos peligrosos. Las instancias municipales de entonces no evaluaron las capacidades del lugar.
En síntesis, se pueden desarrollar intervenciones de envergadura en Buenos Aires, pero no cualquiera; ni tampoco en zonas inapropiadas. Los territorios tienen capacidades finitas.
Algunas consideraciones finales
Varios de los conflictos que se constatan a diario en Buenos Aires son producto de las tensiones no resueltas entre la capacidad de carga de un lugar y las intervenciones que se quieren llevar a cabo.
Las quejas que surgen en diferentes barrios, como Caballito, por la construcción de complejos edilicios de envergadura, transparentan conflictos que dan cuenta de las tensiones citadas. Si en una zona, la provisión de agua potable de la población residente ha disminuido por los nuevos edificios que se han construido, es porque se ha rebasado la capacidad de la infraestructura existente. Tal vez, para que se autoricen nuevas construcciones se debería efectuar, previamente, el análisis de la Capacidad de Carga que posee esa zona para que los ciudadanos residentes no sufran un desmedro en su calidad de vida y los que llegan puedan acceder a condiciones similares.
Más aún, en el actual proceso de reactivación económica, se debe prestar especial atención a la “oferta” del lugar. El indebido uso del suelo y la falta de planificación conllevan a conflictos ambientales, económicos y sociales. Buenos Aires no puede soslayar las experiencias negativas propias y las de los municipios del conurbano bonaerense.
Para finalizar, el perfil de la ciudad que se anhela surgirá de una clara decisión política sustentada en el apoyo de la mayoría de la sociedad, condición necesaria para poder conducir y terciar ante los conflictos de intereses existentes en dicha sociedad. Pero, transformar ese perfil en realidad va a depender de la calidad institucional imprescindible para alcanzar esa meta.
Buenos Aires puede aprovechar una instancia fundacional abierta en 1996 y que aún no ha cristalizado, aún hay tiempo.
Jorge Etcharrán
Marzo de 2007 (publicado en Revista Concepto Nº 1)
[1] Procedimiento técnico administrativo legislado a través de la Ley 123 y sus modificatorias.
[2] Muy aplicado en España. Especialmente a escala de distritos, como Navarra, y ciudades, como Barcelona.
[3] Rees, 1990.
Cambio climático: ¿Nos enfrentamos a un puñado de alarmistas o es el momento de actuar?
Antecedentes: encuadre de la cuestión y algunos datos recientes
La estabilidad del clima, con una variabilidad de las temperaturas dentro de un determinado rango, es un bien público. Es más, es un bien público global, no rival (su disfrute por parte de un individuo no disminuye su disfrute por otro individuo) y no excluyente (no puede privarse a nadie de la posibilidad de disfrutar de un clima estable). El IPCC define el cambio climático como “cualquier cambio del clima en el transcurso del tiempo, ya sea por razón de su variabilidad natural o como resultado de actividades humanas” (http://www.ipcc.ch/). El motor impulsor de dicho cambio es el aumento sin precedentes de la concentración en la atmósfera de GEI (Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6)). El Cuarto Informe de Evaluación (CIE) recientemente publicado por el IPCC reconoce el continuo aumento de las concentraciones de GEI con respecto a los niveles preindustriales. Este aumento ha sido especialmente significativo (70%) entre 1970 y 2004. El sector de la energía, el sector de los transportes, el cambio en los usos de la tierra, la silvicultura, la agricultura y el sector residencial han sido los principales responsables este brusco aumento.
El cambio climático produce, desde el punto de vista de la economía, externalidades[1]. Estas implican una divergencia entre los costes privados y los costes sociales de las emisiones que reducen la eficiencia económica. La ausencia de derechos de propiedad sobre la atmósfera determina las emisiones de GEI, reforzando la ineficiencia del mercado en relación con este bien público global siguiendo la lógica egoísta de ‘si algo no me pertenece por qué he de preocuparme por ello’. El intervalo de tiempo que transcurre entre las emisiones y sus consecuencias así como la distribución geográfica de los daños (afectando en mayor medida a países en desarrollo) han supuesto que las políticas de mitigación y adaptación sean una respuesta reactiva en vez de proactiva.
Las consecuencias del cambio climático varían de un país a otro e incluso dentro de un mismo país. Entre esas consecuencias figuran, por ejemplo, unas mayores temperaturas, un aumento de los niveles del mar, un aumento de la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, pérdida de biodiversidad, reducciones de las superficies de los glaciares, un aumento de la probabilidad de enfermedades infecciosas y un incremento de las migraciones. Dicho esto, el panorama no es necesariamente lúgubre para todos los países. Un aumento de las temperaturas de 2º-3ºC por unas mayores concentraciones de GEI en la atmósfera supondrá para los países más septentrionales mayores cosechas, descensos en la tasa de mortalidad relacionada con el frío y reducción de la necesidad de calefacción. Sin embargo, este limitado aumento de la temperatura afectará negativamente tanto a los países en desarrollo como a los países desarrollados de latitudes más bajas. Estos países experimentarán tormentas y huracanes con mayor frecuencia e intensidad, verán modificados sus patrones de precipitaciones y experimentarán olas de calor cada vez más frecuentes, con el aumento de muertes derivadas de las mismas. Además, estos países experimentarán daños en las actividades dependientes del clima, como el turismo y la agricultura (Stern et al., 2006).
El Cuarto Informe de Evaluación (CIE) del IPCC recientemente publicado detalla en mayor profundidad los efectos del cambio climático. En la Figura 1 que se incluye a continuación se ofrece un ilustrativo resumen de las principales consecuencias derivadas del cambio climático:
Figura 1. Efectos potenciales del CC a medida que van aumentando las temperaturas medias mundiales
“Las líneas negras vinculan efectos y las discontinuas reflejan efectos que continúan a medida que sigue aumentando la temperatura. Las entradas se han colocado de forma que la parte izquierda del texto indique el inicio aproximado de un determinado efecto. En estas previsiones no se incluye la adaptación al cambio climático. Todas las entradas se han tomado de estudios publicados… los niveles de certidumbre de todas las afirmaciones son elevados”. Fuente: http://www.ipcc.ch (Resumen para responsables de políticas – Grupo de trabajo II, IPCC, 2007, p. 15).
Fuente: http://ipcc.ch (Resumen para responsables de políticas - Grupo de trabajo II, IPCC, 2007, p. 14)
Nota: la línea roja discontinua indica el valor permitido a España en el Protocolo de Kioto.Fuente: adaptación de http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/colqfqaq.
La estabilidad del clima, con una variabilidad de las temperaturas dentro de un determinado rango, es un bien público. Es más, es un bien público global, no rival (su disfrute por parte de un individuo no disminuye su disfrute por otro individuo) y no excluyente (no puede privarse a nadie de la posibilidad de disfrutar de un clima estable). El IPCC define el cambio climático como “cualquier cambio del clima en el transcurso del tiempo, ya sea por razón de su variabilidad natural o como resultado de actividades humanas” (http://www.ipcc.ch/). El motor impulsor de dicho cambio es el aumento sin precedentes de la concentración en la atmósfera de GEI (Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6)). El Cuarto Informe de Evaluación (CIE) recientemente publicado por el IPCC reconoce el continuo aumento de las concentraciones de GEI con respecto a los niveles preindustriales. Este aumento ha sido especialmente significativo (70%) entre 1970 y 2004. El sector de la energía, el sector de los transportes, el cambio en los usos de la tierra, la silvicultura, la agricultura y el sector residencial han sido los principales responsables este brusco aumento.
El cambio climático produce, desde el punto de vista de la economía, externalidades[1]. Estas implican una divergencia entre los costes privados y los costes sociales de las emisiones que reducen la eficiencia económica. La ausencia de derechos de propiedad sobre la atmósfera determina las emisiones de GEI, reforzando la ineficiencia del mercado en relación con este bien público global siguiendo la lógica egoísta de ‘si algo no me pertenece por qué he de preocuparme por ello’. El intervalo de tiempo que transcurre entre las emisiones y sus consecuencias así como la distribución geográfica de los daños (afectando en mayor medida a países en desarrollo) han supuesto que las políticas de mitigación y adaptación sean una respuesta reactiva en vez de proactiva.
Las consecuencias del cambio climático varían de un país a otro e incluso dentro de un mismo país. Entre esas consecuencias figuran, por ejemplo, unas mayores temperaturas, un aumento de los niveles del mar, un aumento de la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, pérdida de biodiversidad, reducciones de las superficies de los glaciares, un aumento de la probabilidad de enfermedades infecciosas y un incremento de las migraciones. Dicho esto, el panorama no es necesariamente lúgubre para todos los países. Un aumento de las temperaturas de 2º-3ºC por unas mayores concentraciones de GEI en la atmósfera supondrá para los países más septentrionales mayores cosechas, descensos en la tasa de mortalidad relacionada con el frío y reducción de la necesidad de calefacción. Sin embargo, este limitado aumento de la temperatura afectará negativamente tanto a los países en desarrollo como a los países desarrollados de latitudes más bajas. Estos países experimentarán tormentas y huracanes con mayor frecuencia e intensidad, verán modificados sus patrones de precipitaciones y experimentarán olas de calor cada vez más frecuentes, con el aumento de muertes derivadas de las mismas. Además, estos países experimentarán daños en las actividades dependientes del clima, como el turismo y la agricultura (Stern et al., 2006).
El Cuarto Informe de Evaluación (CIE) del IPCC recientemente publicado detalla en mayor profundidad los efectos del cambio climático. En la Figura 1 que se incluye a continuación se ofrece un ilustrativo resumen de las principales consecuencias derivadas del cambio climático:
Figura 1. Efectos potenciales del CC a medida que van aumentando las temperaturas medias mundiales
“Las líneas negras vinculan efectos y las discontinuas reflejan efectos que continúan a medida que sigue aumentando la temperatura. Las entradas se han colocado de forma que la parte izquierda del texto indique el inicio aproximado de un determinado efecto. En estas previsiones no se incluye la adaptación al cambio climático. Todas las entradas se han tomado de estudios publicados… los niveles de certidumbre de todas las afirmaciones son elevados”. Fuente: http://www.ipcc.ch (Resumen para responsables de políticas – Grupo de trabajo II, IPCC, 2007, p. 15).Las principales consecuencias del cambio climático ilustradas en la figura 1 (arriba) se pronostican a partir de una serie de escenarios (incluidos en el informe conocido como IE-EE[2] o Informe Especial sobre Escenarios de Emisiones) escogidos por el IPCC para ilustrar una serie de posibles resultados dadas distintas posibilidades de crecimiento económico, desarrollo, grados de convergencia, tendencias demográficas y trayectorias tecnológicas. De acuerdo con esos posibles escenarios, a medida que aumentan las concentraciones de GEI empeoran las consecuencias del aumento de las temperaturas (véase Figura 2).
Figura 2. Calentamiento global de la superficie en base a los distintos escenarios del IE-EE
Figura 2. Calentamiento global de la superficie en base a los distintos escenarios del IE-EE
Fuente: http://ipcc.ch (Resumen para responsables de políticas - Grupo de trabajo II, IPCC, 2007, p. 14)Por tanto, queda justificada la pretensión de limitar el aumento de la temperatura a 2ºC si el objetivo es reducir las consecuencias más negativas del cambio climático. Permanecer dentro de esos límites permitirá que las concentraciones de CO2e (El CO2e es la cantidad de GEI multiplicada por su potencial de calentamiento global). Se considera la unidad estándar de comparación de daños para los GEI) no superen las 550 ppm[3], teniendo en cuenta que en 2005 la concentración de GEI se situó aproximadamente en 425 ppm (Dietz et al., 2007) y que dicho nivel aumentó a un ritmo de 1,9 ppm al año durante el período comprendido entre 1995 y 2005 (http://www.ipcc.ch/).
La UE también padecerá acontecimientos relacionados con el cambio climático si siguen acumulándose las emisiones de GEI. Entre ellos cabría citar aumentos de la temperatura de entre 4º y 7ºC durante este siglo. Las tendencias pasadas de la UE en materia de emisión de GEI han provocado un aumento de sus fenómenos meteorológicos extremos (inundaciones repentinas, olas de calor como la experimentada en 2003, pérdida de biodiversidad, disminución de los glaciares y sequías). Estos fenómenos le salen muy caros a la UE, y los daños anuales se calculan (en el límite inferior) en 8.500 millones de euros (http://europa.eu/).
Según la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), las principales consecuencias para España incluyen, entre otras, una mayor variabilidad de las temperaturas, una menor disponibilidad de agua, un aumento de la frecuencia de incendios, aumentos en la demanda energética, alteraciones de los ecosistemas terrestres y marinos, efectos de carácter mixto en las cosechas, una pérdida de biodiversidad y repercusiones negativas para los sectores españoles de la pesca y el turismo. La Figura 3 que se incluye a continuación refleja en mayor detalle los efectos para ámbitos concretos de la realidad española:
Figura 3. Principales consecuencias previsibles del cambio climático para España
Fuente: Lázaro-Touza (2006, p. 303), adaptado a partir de datos de la OECC y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) (2005)
La UE también padecerá acontecimientos relacionados con el cambio climático si siguen acumulándose las emisiones de GEI. Entre ellos cabría citar aumentos de la temperatura de entre 4º y 7ºC durante este siglo. Las tendencias pasadas de la UE en materia de emisión de GEI han provocado un aumento de sus fenómenos meteorológicos extremos (inundaciones repentinas, olas de calor como la experimentada en 2003, pérdida de biodiversidad, disminución de los glaciares y sequías). Estos fenómenos le salen muy caros a la UE, y los daños anuales se calculan (en el límite inferior) en 8.500 millones de euros (http://europa.eu/).
Según la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), las principales consecuencias para España incluyen, entre otras, una mayor variabilidad de las temperaturas, una menor disponibilidad de agua, un aumento de la frecuencia de incendios, aumentos en la demanda energética, alteraciones de los ecosistemas terrestres y marinos, efectos de carácter mixto en las cosechas, una pérdida de biodiversidad y repercusiones negativas para los sectores españoles de la pesca y el turismo. La Figura 3 que se incluye a continuación refleja en mayor detalle los efectos para ámbitos concretos de la realidad española:
Figura 3. Principales consecuencias previsibles del cambio climático para España
Fuente: Lázaro-Touza (2006, p. 303), adaptado a partir de datos de la OECC y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) (2005)Al igual que ocurría a nivel mundial, los daños potenciales del cambio climático a los que tendrá que enfrentarse España aumentarán a medida que aumenten las concentraciones de GEI. No obstante, el esfuerzo que ha de hacerse para mitigar los efectos del cambio climático sigue siendo objeto de intenso debate. En el siguiente apartado se discutirán las opiniones a favor y en contra de reducir de forma considerable e inmediata los GEI.
El debate: ¿Nos enfrentamos a un puñado de alarmistas o es el momento de actuar?Hasta ahora se ha presentado un sucinto resumen de los datos recientes relativos a los posibles efectos del cambio climático. Sin embargo, el panorama no es tan claro como se ilustra anteriormente y, como se menciona en los apartados anteriores, existen opiniones muy distintas en torno a las “pruebas científicas” existentes al respecto, a la necesidad de adoptar medidas de mitigación, al grado de las mismas, a las cifras que se esconden tras las estimaciones, a los límites de los ecosistemas y a las posibilidades de adaptación, entre otras cosas. En este apartado se discutirán brevemente los debates que rodean al Informe Stern recientemente publicado, en el cual se afirma que “los beneficios de la adopción de medidas prontas y firmes con respecto al cambio climático superarán a los costes” (Stern et al., 2006, i).
El intercambio de críticas en contra de los análisis llevados a cabo en el Informe Stern y las respuestas a las mismas puede seguirse en diversos números de World Economics publicados desde mediados de 2006. Entre otros aspectos se ha criticado la base científica de los últimos datos disponibles en los que se basa dicho Informe por dar por sentadas las estimaciones de aumentos de temperaturas y las consecuencias derivadas de mayores concentraciones de GEI. Ello pone en duda el verdadero aumento de las temperaturas y los escenarios empleados por el IPCC, en los que se basan las afirmaciones de Informe Stern. También se argumenta que las conclusiones del Informe presentan una visión sesgada y parcial para resultar “políticamente relevantes” (Carter et al., 2006). Se critican además los procedimientos de evaluación por pares (peer review) y se afirma que el Informe pasa por alto la innovación tecnológica y las posibilidades de adaptación. Además, se cuestiona que el cambio climático esté inducido por el hombre, aunque el informe de 2007 del IPCC afirma que “la mayor parte del aumento en las temperaturas globales medias observadas desde mediados del siglo XX se deben muy probablemente incrementos de origen antropogénico en la concentración de GEI” (Resumen para responsables de políticas – Grupo de trabajo I, IPCC, IPCC, 2007, p. 10).
El equipo que elaboró el Informe Stern y otros como Gilkson (2007) han analizado estas afirmaciones y han señalado que las principales críticas esgrimidas sobre la falta de base científica del Informe carecen de fundamento y que no se ha presentado ningún dato ni ninguna explicación alternativos para respaldar semejante escepticismo. La incertidumbre y las lagunas en los datos son algo habitual en la realidad científica. Para echar por tierra el consenso hace falta algo más que afirmar que los resultados representan valores atípicos y que en realidad al clima no le pasa nada. En cualquier caso, Stern reconoce la incertidumbre inherente al hablar de la magnitud de las consecuencias del cambio climático. Futuros esfuerzos dirigidos a aumentar y mejorar los datos disponibles así como a analizarlos servirán para pulir los resultados y reducir esa incertidumbre. Aun así, lo más probable es que nunca exista plena certeza en relación con los complejos e interrelacionados ecosistemas en que se basa la vida sobre nuestro planeta. Aun cuando las estimaciones centrales de los posibles daños ocasionados por el cambio climático no incluyan “escenarios extremos, bruscos y peligrosos de cambio climático” (Stern, 2006b, p. 155), puede argüirse que, desde una perspectiva de gestión y toma de decisiones, incluir un amplio abanico de posibles resultados en los escenarios de valoración resulta deseable, aunque sólo sea a modo de “póliza de seguros” para la sociedad.
En lo relativo a qué podemos hacer frente al reto del cambio climático, la literatura relevante coincide en que la respuesta puede ser triple: 1) mitigar (es decir, reducir/recortar las emisiones de GEI); 2) fomentar la innovación en materia de ingeniería climática; y 3) adaptarnos (invertir en medidas defensivas que nos protejan de las consecuencias del cambio climático). El peso específico de cada una de estas opciones en el conjunto de políticas dependerá de lo que resulte viable políticamente y aceptable socialmente. Las decisiones sobre cómo reaccionar ante el cambio climático se verán influenciadas por el hecho de que los beneficios de la mitigación son inciertos y se perciben como lejanos, mientras que los costes de la mitigación son ciertos e inmediatos. Desde un punto de vista económico, deberían reducirse las emisiones de GEI hasta que los daños marginales derivados de los GEI se igualaran a los costes marginales de reducirlos. Esto generaría eficiencia, maximizando así el bienestar neto de la sociedad. Ójalá todo fuera tan sencillo. Tal como apuntábamos anteriormente, las decisiones se enfrentan a un elevado nivel de incertidumbre y tanto las medidas de política ambiental (intervencionistas y no intervencionistas) como los resultados dependerán de cada contexto. La existencia de daños irreversibles (como las pérdidas de biodiversidad) complica aún más las decisiones, de forma que la elección del nivel adecuado de políticas de mitigación y adaptación no resulta una tarea sencilla. En estas circunstancias se han sugerido enfoques preventivos, pero éstos también han recibido críticas por imponer, supuestamente, un coste excesivo a las generaciones presentes por el bien de generaciones futuras, previsiblemente más ricas. A este respecto, el Informe Stern concluye que los costes de adoptar medidas con carácter inmediato son menores a los que se producirán si se retrasan las decisiones, ya que en el futuro la mitigación y la adaptación resultarán más costosas.
También han suscitado polémica las cifras en que se basan las estimaciones empleadas en el Informe Stern (el análisis de los costes y beneficios de diferentes políticas). Se ha argumentado que los datos empleados presentan una visión sesgada y parcial, que las tasas de descuento empleadas son muy bajas, que no se ha tenido en cuenta la incertidumbre, que los costes del cambio climático se han sobreestimado y que los de la mitigación y la adaptación se han subestimado. El equipo que elaboró el Informe y partidarios de su trabajo han alegado que sus conclusiones sobre el cambio climático han sido respaldadas por las estimaciones de 2007 del IPCC y por el Organismo Internacional de la Energía. En el Informe se han incluido los datos disponibles más recientes sobre cambio climático y se han evaluado los siguientes elementos: probabilidades de estar expuestos a “eventos de graves consecuencias resultantes del cambio climático”; un amplio abanico de efectos (que afectan tanto a bienes intercambiados en el mercado como a bienes no intercambiados en el mercado) y cambios catastróficos cuya probabilidad aumenta a medida que aumenta la temperatura. Además, se han tenido en cuenta los riesgos y las incertidumbres y, aunque se trata de cuestiones inciertas, en el informe se han analizado los escenarios más probables. Por último, los explícitos juicios éticos contemplados en el Informe Stern en relación con las generaciones futuras y los análisis de sensibilidad llevados a cabo muestran un amplio abanico de situaciones con diversas tasas de descuento. En cualquier caso, todo modelo depende de los supuestos de los que se parte y el equipo que elaboró el Informe advierte, tanto a sus lectores como a los encargados de formular las políticas, que sus resultados deben interpretarse con cautela.
Sin duda, en un futuro próximo dispondremos de más datos, mejores modelos y estimaciones más precisas. El hecho de que estos modelos aún puedan mejorarse es un motivo poco convincente para desechar los sólidos análisis llevados a cabo por los principales expertos en la materia. Las decisiones relativas a las medidas de mitigación y adaptación vendrán determinadas por los esfuerzos negociadores, la información derivada de los esfuerzos en I+D y de los acuerdos alcanzados. Ha llegado el momento de decidir si queremos ser parte del menú en el cambio climático o bien ser parte integrante de los comensales en la mesa de negociaciones con los principales países emisores de GEI.
La UE y España: encomiables esfuerzos que requieren políticas permanentes y objetivos específicosEl destacado papel de la UE en las negociaciones sobre el cambio climático ha supuesto un compromiso a largo plazo. Su participación y liderazgo en foros internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, las directivas comunitarias posteriormente transpuestas a la legislación nacional[4], el Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión (EU-ETS, en sus siglas inglesas)[5] y el objetivo unilateral de reducir aún más el CO2, (en un 20% según lo acordado en la Cumbre de marzo de 2007), entre otras iniciativas, señalan un claro camino para los ciudadanos y los responsables de políticas europeos. Dicho esto, para cosechar los frutos de este prolongado liderazgo hará falta superar numerosos obstáculos. Así, conseguir un futuro bajo en carbono dependerá de que se cumplan los compromisos de Kioto, se asegure la participación del mayor número de países emisores de GEI, se eliminen los incentivos por los cuales los principales países contaminantes del mañana se comportarían como free-riders (gorrones), se pueda contar con la participación de Estados Unidos en los acuerdos post-2012 y se promuevan tecnologías eficientes.
La UE respalda también tesis de la naturaleza antropogénica de las concentraciones de GEI y los daños cada vez mayores que éstas producen, argumentando que dicha hipótesis se basa en un “abrumador consenso científico” (http://ec.europa.eu/environment/climat). El principal mensaje que se quiere transmitir es que el cambio climático es un fenómeno que no va a desaparecer y que para limitarlo a un nivel aceptable (2ºC) es necesario adoptar medidas urgentes. Las propuestas de acción de la UE incluyen una reducción continuada de las emisiones de GEI de los países desarrollados. Las políticas energéticas deberán asegurar mejoras en la eficiencia energética y un aumento del 20% en el uso de energías renovables de aquí a 2020, además de promover la captura y el almacenamiento de carbono[6] (CCS, en sus siglas inglesas). Además, el mercado europeo de emisiones (EU-ETS) debe reforzarse (hacerse permanente y compatible con otros regímenes de comercio) y ampliarse (para incluir otros sectores altamente contaminantes, como el del transporte o el residencial, que actualmente no están incluidos en el régimen de comercio). Finalmente, la inversión en I+D será uno de los pilares de las acciones de la UE, (recogida en el 7º Programa Marco 2007-2013). La UE también anima a mantener ese esfuerzo de inversión más allá de 2013 y espera que los presupuestos nacionales para I+D sigan el ejemplo europeo invirtiendo en ese tipo de iniciativas.
El historial español en cuanto a cumplimiento de los objetivos marcados por el Protocolo de Kioto ha sido decepcionante hasta 2005. Tanto el crecimiento económico como el demográfico han hecho aumentar las emisiones españolas de GEI (véase Figura 4). Los esfuerzos en materia de mitigación y eficiencia energética han sido claramente insuficientes, provocando aumentos de un 52,2% en las emisiones de GEI (440.649 kilotoneladas de CO2e) con respecto al año base (289.599 kilotoneladas de CO2e). Los compromisos adquiridos por España en el Protocolo de Kioto sólo le permitían aumentar sus emisiones de CO2 en un 15% con respecto a las del año base[7]. Y sin embargo, las emisiones de España no han dejado de aumentar hasta 2005. Aún no se dispone de las cifras oficiales para 2006, pero se espera que sean mejores que las de 2005. En la Figura 4 se resumen los datos disponibles.
Figura 4. Índice de emisiones totales de GEI para España, 1990 a 2005
El debate: ¿Nos enfrentamos a un puñado de alarmistas o es el momento de actuar?Hasta ahora se ha presentado un sucinto resumen de los datos recientes relativos a los posibles efectos del cambio climático. Sin embargo, el panorama no es tan claro como se ilustra anteriormente y, como se menciona en los apartados anteriores, existen opiniones muy distintas en torno a las “pruebas científicas” existentes al respecto, a la necesidad de adoptar medidas de mitigación, al grado de las mismas, a las cifras que se esconden tras las estimaciones, a los límites de los ecosistemas y a las posibilidades de adaptación, entre otras cosas. En este apartado se discutirán brevemente los debates que rodean al Informe Stern recientemente publicado, en el cual se afirma que “los beneficios de la adopción de medidas prontas y firmes con respecto al cambio climático superarán a los costes” (Stern et al., 2006, i).
El intercambio de críticas en contra de los análisis llevados a cabo en el Informe Stern y las respuestas a las mismas puede seguirse en diversos números de World Economics publicados desde mediados de 2006. Entre otros aspectos se ha criticado la base científica de los últimos datos disponibles en los que se basa dicho Informe por dar por sentadas las estimaciones de aumentos de temperaturas y las consecuencias derivadas de mayores concentraciones de GEI. Ello pone en duda el verdadero aumento de las temperaturas y los escenarios empleados por el IPCC, en los que se basan las afirmaciones de Informe Stern. También se argumenta que las conclusiones del Informe presentan una visión sesgada y parcial para resultar “políticamente relevantes” (Carter et al., 2006). Se critican además los procedimientos de evaluación por pares (peer review) y se afirma que el Informe pasa por alto la innovación tecnológica y las posibilidades de adaptación. Además, se cuestiona que el cambio climático esté inducido por el hombre, aunque el informe de 2007 del IPCC afirma que “la mayor parte del aumento en las temperaturas globales medias observadas desde mediados del siglo XX se deben muy probablemente incrementos de origen antropogénico en la concentración de GEI” (Resumen para responsables de políticas – Grupo de trabajo I, IPCC, IPCC, 2007, p. 10).
El equipo que elaboró el Informe Stern y otros como Gilkson (2007) han analizado estas afirmaciones y han señalado que las principales críticas esgrimidas sobre la falta de base científica del Informe carecen de fundamento y que no se ha presentado ningún dato ni ninguna explicación alternativos para respaldar semejante escepticismo. La incertidumbre y las lagunas en los datos son algo habitual en la realidad científica. Para echar por tierra el consenso hace falta algo más que afirmar que los resultados representan valores atípicos y que en realidad al clima no le pasa nada. En cualquier caso, Stern reconoce la incertidumbre inherente al hablar de la magnitud de las consecuencias del cambio climático. Futuros esfuerzos dirigidos a aumentar y mejorar los datos disponibles así como a analizarlos servirán para pulir los resultados y reducir esa incertidumbre. Aun así, lo más probable es que nunca exista plena certeza en relación con los complejos e interrelacionados ecosistemas en que se basa la vida sobre nuestro planeta. Aun cuando las estimaciones centrales de los posibles daños ocasionados por el cambio climático no incluyan “escenarios extremos, bruscos y peligrosos de cambio climático” (Stern, 2006b, p. 155), puede argüirse que, desde una perspectiva de gestión y toma de decisiones, incluir un amplio abanico de posibles resultados en los escenarios de valoración resulta deseable, aunque sólo sea a modo de “póliza de seguros” para la sociedad.
En lo relativo a qué podemos hacer frente al reto del cambio climático, la literatura relevante coincide en que la respuesta puede ser triple: 1) mitigar (es decir, reducir/recortar las emisiones de GEI); 2) fomentar la innovación en materia de ingeniería climática; y 3) adaptarnos (invertir en medidas defensivas que nos protejan de las consecuencias del cambio climático). El peso específico de cada una de estas opciones en el conjunto de políticas dependerá de lo que resulte viable políticamente y aceptable socialmente. Las decisiones sobre cómo reaccionar ante el cambio climático se verán influenciadas por el hecho de que los beneficios de la mitigación son inciertos y se perciben como lejanos, mientras que los costes de la mitigación son ciertos e inmediatos. Desde un punto de vista económico, deberían reducirse las emisiones de GEI hasta que los daños marginales derivados de los GEI se igualaran a los costes marginales de reducirlos. Esto generaría eficiencia, maximizando así el bienestar neto de la sociedad. Ójalá todo fuera tan sencillo. Tal como apuntábamos anteriormente, las decisiones se enfrentan a un elevado nivel de incertidumbre y tanto las medidas de política ambiental (intervencionistas y no intervencionistas) como los resultados dependerán de cada contexto. La existencia de daños irreversibles (como las pérdidas de biodiversidad) complica aún más las decisiones, de forma que la elección del nivel adecuado de políticas de mitigación y adaptación no resulta una tarea sencilla. En estas circunstancias se han sugerido enfoques preventivos, pero éstos también han recibido críticas por imponer, supuestamente, un coste excesivo a las generaciones presentes por el bien de generaciones futuras, previsiblemente más ricas. A este respecto, el Informe Stern concluye que los costes de adoptar medidas con carácter inmediato son menores a los que se producirán si se retrasan las decisiones, ya que en el futuro la mitigación y la adaptación resultarán más costosas.
También han suscitado polémica las cifras en que se basan las estimaciones empleadas en el Informe Stern (el análisis de los costes y beneficios de diferentes políticas). Se ha argumentado que los datos empleados presentan una visión sesgada y parcial, que las tasas de descuento empleadas son muy bajas, que no se ha tenido en cuenta la incertidumbre, que los costes del cambio climático se han sobreestimado y que los de la mitigación y la adaptación se han subestimado. El equipo que elaboró el Informe y partidarios de su trabajo han alegado que sus conclusiones sobre el cambio climático han sido respaldadas por las estimaciones de 2007 del IPCC y por el Organismo Internacional de la Energía. En el Informe se han incluido los datos disponibles más recientes sobre cambio climático y se han evaluado los siguientes elementos: probabilidades de estar expuestos a “eventos de graves consecuencias resultantes del cambio climático”; un amplio abanico de efectos (que afectan tanto a bienes intercambiados en el mercado como a bienes no intercambiados en el mercado) y cambios catastróficos cuya probabilidad aumenta a medida que aumenta la temperatura. Además, se han tenido en cuenta los riesgos y las incertidumbres y, aunque se trata de cuestiones inciertas, en el informe se han analizado los escenarios más probables. Por último, los explícitos juicios éticos contemplados en el Informe Stern en relación con las generaciones futuras y los análisis de sensibilidad llevados a cabo muestran un amplio abanico de situaciones con diversas tasas de descuento. En cualquier caso, todo modelo depende de los supuestos de los que se parte y el equipo que elaboró el Informe advierte, tanto a sus lectores como a los encargados de formular las políticas, que sus resultados deben interpretarse con cautela.
Sin duda, en un futuro próximo dispondremos de más datos, mejores modelos y estimaciones más precisas. El hecho de que estos modelos aún puedan mejorarse es un motivo poco convincente para desechar los sólidos análisis llevados a cabo por los principales expertos en la materia. Las decisiones relativas a las medidas de mitigación y adaptación vendrán determinadas por los esfuerzos negociadores, la información derivada de los esfuerzos en I+D y de los acuerdos alcanzados. Ha llegado el momento de decidir si queremos ser parte del menú en el cambio climático o bien ser parte integrante de los comensales en la mesa de negociaciones con los principales países emisores de GEI.
La UE y España: encomiables esfuerzos que requieren políticas permanentes y objetivos específicosEl destacado papel de la UE en las negociaciones sobre el cambio climático ha supuesto un compromiso a largo plazo. Su participación y liderazgo en foros internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, las directivas comunitarias posteriormente transpuestas a la legislación nacional[4], el Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión (EU-ETS, en sus siglas inglesas)[5] y el objetivo unilateral de reducir aún más el CO2, (en un 20% según lo acordado en la Cumbre de marzo de 2007), entre otras iniciativas, señalan un claro camino para los ciudadanos y los responsables de políticas europeos. Dicho esto, para cosechar los frutos de este prolongado liderazgo hará falta superar numerosos obstáculos. Así, conseguir un futuro bajo en carbono dependerá de que se cumplan los compromisos de Kioto, se asegure la participación del mayor número de países emisores de GEI, se eliminen los incentivos por los cuales los principales países contaminantes del mañana se comportarían como free-riders (gorrones), se pueda contar con la participación de Estados Unidos en los acuerdos post-2012 y se promuevan tecnologías eficientes.
La UE respalda también tesis de la naturaleza antropogénica de las concentraciones de GEI y los daños cada vez mayores que éstas producen, argumentando que dicha hipótesis se basa en un “abrumador consenso científico” (http://ec.europa.eu/environment/climat). El principal mensaje que se quiere transmitir es que el cambio climático es un fenómeno que no va a desaparecer y que para limitarlo a un nivel aceptable (2ºC) es necesario adoptar medidas urgentes. Las propuestas de acción de la UE incluyen una reducción continuada de las emisiones de GEI de los países desarrollados. Las políticas energéticas deberán asegurar mejoras en la eficiencia energética y un aumento del 20% en el uso de energías renovables de aquí a 2020, además de promover la captura y el almacenamiento de carbono[6] (CCS, en sus siglas inglesas). Además, el mercado europeo de emisiones (EU-ETS) debe reforzarse (hacerse permanente y compatible con otros regímenes de comercio) y ampliarse (para incluir otros sectores altamente contaminantes, como el del transporte o el residencial, que actualmente no están incluidos en el régimen de comercio). Finalmente, la inversión en I+D será uno de los pilares de las acciones de la UE, (recogida en el 7º Programa Marco 2007-2013). La UE también anima a mantener ese esfuerzo de inversión más allá de 2013 y espera que los presupuestos nacionales para I+D sigan el ejemplo europeo invirtiendo en ese tipo de iniciativas.
El historial español en cuanto a cumplimiento de los objetivos marcados por el Protocolo de Kioto ha sido decepcionante hasta 2005. Tanto el crecimiento económico como el demográfico han hecho aumentar las emisiones españolas de GEI (véase Figura 4). Los esfuerzos en materia de mitigación y eficiencia energética han sido claramente insuficientes, provocando aumentos de un 52,2% en las emisiones de GEI (440.649 kilotoneladas de CO2e) con respecto al año base (289.599 kilotoneladas de CO2e). Los compromisos adquiridos por España en el Protocolo de Kioto sólo le permitían aumentar sus emisiones de CO2 en un 15% con respecto a las del año base[7]. Y sin embargo, las emisiones de España no han dejado de aumentar hasta 2005. Aún no se dispone de las cifras oficiales para 2006, pero se espera que sean mejores que las de 2005. En la Figura 4 se resumen los datos disponibles.
Figura 4. Índice de emisiones totales de GEI para España, 1990 a 2005
Nota: la línea roja discontinua indica el valor permitido a España en el Protocolo de Kioto.Fuente: adaptación de http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/colqfqaq.La Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia publicada a principios de este año señala las principales áreas en que se están adoptando medidas para poder corregir el rumbo de las emisiones españolas de GEI. Entre ellas se incluyen el desarrollo de instituciones y de un marco legal para participar en el EU-ETS y la participación en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto a través del desarrollo de proyectos en Latinoamérica (y otros países con los que España comparte intereses y vínculos más sólidos). También se han elaborado planes para reducir la contribución del sector energético a las emisiones de GEI (responsables del 78,21% de las emisiones españolas de 2004), financiados mediante una inversión de 729 millones de euros. Además, las energías renovables están recibiendo una inyección de más de 8.400 millones de euros procedentes del sector público. El sector residencial también ha visto cómo se aprobaba un nuevo código de edificación, (Código Técnico de Edificación RD314/2006, publicado el 17 de marzo de 2006). Se espera que éste contribuya a reducir en un 40% el consumo de energía en los edificios con respecto a las necesidades energéticas actuales de los mismos.
Las estrategias y planes mencionados anteriormente parecen indicar que se ha hecho mucho, pero aún queda un largo camino por recorrer antes de alcanzar nuestros objetivos frente al cambio climático. Los principios rectores de esta estrategia son vagos. Los objetivos cuantitativos para cada una de las medidas y cada uno de los indicadores no se incluyen en la misma[8]. Por tanto resultará difícil supervisar el progreso de cada medida e indicador y, lograr solucionar las desviaciones con respecto a los objetivos, podría convertirse en un producto del azar. Deben establecerse prioridades claras y adoptarse aquellas medidas consideradas más eficientes. Todo ello encaminado a que los proyectos para frenar el CC se desarrollen principalmente a nivel nacional, es decir, que no nos apoyemos únicamente en proyectos ejecutados fuera de nuestras fronteras para afrontar el reto del cambio climático.
También se ha elaborado un plan español de adaptación, centrado, entre otras cosas, en la biodiversidad, los efectos hidrológicos, los bosques, la agricultura, el turismo, la pesca y los ecosistemas marinos, la industria y la salud. Se trata sin duda de un buen comienzo que reconoce la necesidad de información y expone claramente las principales áreas en las que será necesario actuar. El siguiente paso lógico de este plan será definir qué hacer una vez que los datos confirmen los daños, quién asumirá los costes de la adaptación y cómo se articulará la cooperación institucional entre departamentos y regiones que competirán por unos recursos limitados.
Un paso más: ¿se cuecen acuerdos más amplios y profundos?
La mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo se están convirtiendo en un costoso e ineludible problema. Los países desarrollados son quienes producen la mayor parte de las emisiones de GEI, mientras que los países en desarrollo serán los primeros en sufrir los daños. Desde un punto de vista ético, cabría argüir que está justificado que los países desarrollados sean quienes deban reducir las emisiones de GEI hoy por hoy. Y puede que eso no sólo sea moralmente correcto, sino también una sensata “póliza de seguros”. Liderar el camino hacia un futuro bajo en carbono emitirá una clara señal: que a los países desarrollados les preocupa la equidad intra e intergeneracional. A medida que países en desarrollo como China o la India se convierten en principales emisores (como consecuencia de su crecimiento económico y demográfico), las medidas de mitigación adoptadas en el pasado por los países desarrollados para limitar los daños de los países en desarrollo podrían motivar un cambio hacia la aceptación del establecimiento de un tope máximo para las emisiones de GEI a nivel global que incluya compromisos cuantitativos para los países en desarrollo.
Por otra parte, sentar a Estados Unidos a la mesa de las negociaciones como país desarrollado más contaminante resulta fundamental para el éxito de las políticas para frenar el CC debido a su potencial en I+D, a su peso geopolítico y económico. El último acuerdo adoptado en la cumbre del G-8 en Heiligendamm supone un primer paso en la dirección adecuada. Los críticos han señalado la necesidad de adquirir compromisos mucho más sólidos que sentarse a negociar y acordar empezar a reflexionar sobre posibles reducciones de las emisiones de GEI. Es cierto que ni esta iniciativa ni la declaración de Sydney de septiembre de 2007 de los líderes del APEC[9] suponen objetivos concretos más allá de plantear unas metas teóricas a las que aspiran los integrantes del APEC. Sin embargo, la naturaleza de los Acuerdos Ambientales Internacionales, implicando a diversos países en distintas fases de desarrollo, dificulta el éxito de compromisos que incluyan a un gran número de países y a la vez exijan un amplio grado de compromiso. El éxito de este tipo de acuerdos es el reto futuro al que nos enfrentaremos en la gestión de los recursos.
Para lograr que funcionen los Acuerdos Ambientales Internacionales deberán repartirse de forma equitativa los costes y beneficios de adherirse a ellos. Ningún país se embarcará en acciones que no le beneficien. La cantidad de información de que se disponga en torno a los daños del cambio climático y los costes de reducirlo, las posibles medidas de sustitución o las tecnologías disponibles determinarán qué acciones se adoptarán en el futuro. La vinculación (issue linkage) de la lucha contra el cambio climático con otras cuestiones (mediante el comercio o las transferencias de tecnología, por ejemplo) puede aumentar el atractivo de los acuerdos para quienes actualmente muestran mayor preocupación por el crecimiento económico. La experiencia pasada muestra un panorama mixto con respecto a los éxitos de estos Acuerdos. Éste es uno de los motivos para seguir negociando con vistas a superar soluciones subóptimas que sólo conseguirán acercar a nosotros y adelantar en el tiempo el calentamiento global. En la actualidad no existe ningún marco institucional mundial que formule y aplique acuerdos en materia de cambio climático. En ausencia de una Organización Mundial del Medio Ambiente, se acoge con los brazos abiertos el histórico liderazgo de la UE, y las futuras negociaciones se beneficiarán de los esfuerzos de todos los países.
Conclusiones: A pesar de la existencia de dudas y de un sano escepticismo, un creciente consenso entre la comunidad científica considera el cambio climático como un fenómeno inequívoco que muy probablemente esté provocado por factores antropogénicos. No es probable que consiga disiparse por completo la incertidumbre que rodea las estimaciones de los daños y los costes de adoptar medidas, pero ésa es una excusa poco convincente para no hacer nada, teniendo en cuenta los posibles daños que puede causar el cambio climático. La cuestión sigue siendo en qué grado debería actuarse y cómo compartir la carga y las oportunidades de un futuro bajo en carbono. La decisión que hay que tomar es si optar por un “seguro a todo riesgo” (o por un “seguro a terceros”. Esta decisión dependerá, no obstante, de que todos los actores principales se sienten a la mesa de negociaciones, puesto que un clima estable es un bien público global que requiere acuerdos internacionales justos que perduren en el tiempo.
El destacado papel de la UE en las negociaciones sobre cambio climático ha sido continuo e inspirador. Para asegurar que el cambio climático se limite a 2ºC resulta fundamental cumplir los objetivos, verificar las emisiones, financiar las investigaciones para reducir la incertidumbre y asegurar la participación de Estados Unidos, China y la India. En el seno de la UE, cabe esperar que los perdedores netos del calentamiento global sean los países meridionales como España. Las medidas que tomemos en materia de adaptación serán por tanto una pieza clave para el bienestar y desarrollo futuros.
Las emisiones españolas de GEI han venido experimentando una tendencia al alza hasta 2005. El crecimiento económico y demográfico del país han hecho aumentar las emisiones, y las políticas destinadas a paliar esta tendencia han resultado insuficientes. Los últimos avances en materia de políticas (la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, el nuevo código de edificación aprobado, el plan español de adaptación y el plan de medidas urgentes) tienen como objetivo que España cumpla sus compromisos en materia de cambio climático. Aun así, en general faltan objetivos claros y planes para monitorizar el cumplimiento de dichas medidas; las futuras estrategias deberían incluirlos para proporcionar información transparente y precisa sobre la actuación de España. No mirar hacia el futuro y hacia el exterior podría entrañar unos riesgos excesivos, que reducirían el desarrollo futuro.
Las estrategias y planes mencionados anteriormente parecen indicar que se ha hecho mucho, pero aún queda un largo camino por recorrer antes de alcanzar nuestros objetivos frente al cambio climático. Los principios rectores de esta estrategia son vagos. Los objetivos cuantitativos para cada una de las medidas y cada uno de los indicadores no se incluyen en la misma[8]. Por tanto resultará difícil supervisar el progreso de cada medida e indicador y, lograr solucionar las desviaciones con respecto a los objetivos, podría convertirse en un producto del azar. Deben establecerse prioridades claras y adoptarse aquellas medidas consideradas más eficientes. Todo ello encaminado a que los proyectos para frenar el CC se desarrollen principalmente a nivel nacional, es decir, que no nos apoyemos únicamente en proyectos ejecutados fuera de nuestras fronteras para afrontar el reto del cambio climático.
También se ha elaborado un plan español de adaptación, centrado, entre otras cosas, en la biodiversidad, los efectos hidrológicos, los bosques, la agricultura, el turismo, la pesca y los ecosistemas marinos, la industria y la salud. Se trata sin duda de un buen comienzo que reconoce la necesidad de información y expone claramente las principales áreas en las que será necesario actuar. El siguiente paso lógico de este plan será definir qué hacer una vez que los datos confirmen los daños, quién asumirá los costes de la adaptación y cómo se articulará la cooperación institucional entre departamentos y regiones que competirán por unos recursos limitados.
Un paso más: ¿se cuecen acuerdos más amplios y profundos?
La mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo se están convirtiendo en un costoso e ineludible problema. Los países desarrollados son quienes producen la mayor parte de las emisiones de GEI, mientras que los países en desarrollo serán los primeros en sufrir los daños. Desde un punto de vista ético, cabría argüir que está justificado que los países desarrollados sean quienes deban reducir las emisiones de GEI hoy por hoy. Y puede que eso no sólo sea moralmente correcto, sino también una sensata “póliza de seguros”. Liderar el camino hacia un futuro bajo en carbono emitirá una clara señal: que a los países desarrollados les preocupa la equidad intra e intergeneracional. A medida que países en desarrollo como China o la India se convierten en principales emisores (como consecuencia de su crecimiento económico y demográfico), las medidas de mitigación adoptadas en el pasado por los países desarrollados para limitar los daños de los países en desarrollo podrían motivar un cambio hacia la aceptación del establecimiento de un tope máximo para las emisiones de GEI a nivel global que incluya compromisos cuantitativos para los países en desarrollo.
Por otra parte, sentar a Estados Unidos a la mesa de las negociaciones como país desarrollado más contaminante resulta fundamental para el éxito de las políticas para frenar el CC debido a su potencial en I+D, a su peso geopolítico y económico. El último acuerdo adoptado en la cumbre del G-8 en Heiligendamm supone un primer paso en la dirección adecuada. Los críticos han señalado la necesidad de adquirir compromisos mucho más sólidos que sentarse a negociar y acordar empezar a reflexionar sobre posibles reducciones de las emisiones de GEI. Es cierto que ni esta iniciativa ni la declaración de Sydney de septiembre de 2007 de los líderes del APEC[9] suponen objetivos concretos más allá de plantear unas metas teóricas a las que aspiran los integrantes del APEC. Sin embargo, la naturaleza de los Acuerdos Ambientales Internacionales, implicando a diversos países en distintas fases de desarrollo, dificulta el éxito de compromisos que incluyan a un gran número de países y a la vez exijan un amplio grado de compromiso. El éxito de este tipo de acuerdos es el reto futuro al que nos enfrentaremos en la gestión de los recursos.
Para lograr que funcionen los Acuerdos Ambientales Internacionales deberán repartirse de forma equitativa los costes y beneficios de adherirse a ellos. Ningún país se embarcará en acciones que no le beneficien. La cantidad de información de que se disponga en torno a los daños del cambio climático y los costes de reducirlo, las posibles medidas de sustitución o las tecnologías disponibles determinarán qué acciones se adoptarán en el futuro. La vinculación (issue linkage) de la lucha contra el cambio climático con otras cuestiones (mediante el comercio o las transferencias de tecnología, por ejemplo) puede aumentar el atractivo de los acuerdos para quienes actualmente muestran mayor preocupación por el crecimiento económico. La experiencia pasada muestra un panorama mixto con respecto a los éxitos de estos Acuerdos. Éste es uno de los motivos para seguir negociando con vistas a superar soluciones subóptimas que sólo conseguirán acercar a nosotros y adelantar en el tiempo el calentamiento global. En la actualidad no existe ningún marco institucional mundial que formule y aplique acuerdos en materia de cambio climático. En ausencia de una Organización Mundial del Medio Ambiente, se acoge con los brazos abiertos el histórico liderazgo de la UE, y las futuras negociaciones se beneficiarán de los esfuerzos de todos los países.
Conclusiones: A pesar de la existencia de dudas y de un sano escepticismo, un creciente consenso entre la comunidad científica considera el cambio climático como un fenómeno inequívoco que muy probablemente esté provocado por factores antropogénicos. No es probable que consiga disiparse por completo la incertidumbre que rodea las estimaciones de los daños y los costes de adoptar medidas, pero ésa es una excusa poco convincente para no hacer nada, teniendo en cuenta los posibles daños que puede causar el cambio climático. La cuestión sigue siendo en qué grado debería actuarse y cómo compartir la carga y las oportunidades de un futuro bajo en carbono. La decisión que hay que tomar es si optar por un “seguro a todo riesgo” (o por un “seguro a terceros”. Esta decisión dependerá, no obstante, de que todos los actores principales se sienten a la mesa de negociaciones, puesto que un clima estable es un bien público global que requiere acuerdos internacionales justos que perduren en el tiempo.
El destacado papel de la UE en las negociaciones sobre cambio climático ha sido continuo e inspirador. Para asegurar que el cambio climático se limite a 2ºC resulta fundamental cumplir los objetivos, verificar las emisiones, financiar las investigaciones para reducir la incertidumbre y asegurar la participación de Estados Unidos, China y la India. En el seno de la UE, cabe esperar que los perdedores netos del calentamiento global sean los países meridionales como España. Las medidas que tomemos en materia de adaptación serán por tanto una pieza clave para el bienestar y desarrollo futuros.
Las emisiones españolas de GEI han venido experimentando una tendencia al alza hasta 2005. El crecimiento económico y demográfico del país han hecho aumentar las emisiones, y las políticas destinadas a paliar esta tendencia han resultado insuficientes. Los últimos avances en materia de políticas (la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, el nuevo código de edificación aprobado, el plan español de adaptación y el plan de medidas urgentes) tienen como objetivo que España cumpla sus compromisos en materia de cambio climático. Aun así, en general faltan objetivos claros y planes para monitorizar el cumplimiento de dichas medidas; las futuras estrategias deberían incluirlos para proporcionar información transparente y precisa sobre la actuación de España. No mirar hacia el futuro y hacia el exterior podría entrañar unos riesgos excesivos, que reducirían el desarrollo futuro.
Lara Lázaro-Touza
London School of Economics
17/09/2007
Bibliografía
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Dietz, S. et al (2007), ‘Reflections on the Stern Review (1), A Robust Case for Strong Action to Reduce the Risks of Climate Change’, World Economics, vol. 8, nº 1, pp. 121 a 168.
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http://www.ipcc.ch (para el Resumen para responsables de políticas – Grupos de trabajo I, II y IIII).
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Lázaro-Touza, L.E. (2006), ‘Cambio climático, Protocolo de Kioto y economía española. España 2005. Un Balance’, Colegio de Economistas de Madrid, pp. 301 a 307.
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Stern, N. (2006b), ‘Climate Change. Reply to Byatt et al.’, World Economics, vol. 7, nº 2, pp. 153 a 157.
[1] Las externalidades son efectos beneficiosos o perjudiciales ocasionados como consecuencia del desarrollo de una actividad (por ejemplo la quema de combustibles fósiles) que afectan a agentes que no intervienen en el desarrollo de dichas actividades y por las cuales no pagan (en el caso de las externalidades positivas) o no reciben compensación (en el caso de las externalidades negativas). A lo largo del artículo se hará referencia a las externalidades negativas (la contaminación y los daños resultantes) derivados del cambio climático.
[2] Según el Tercer Informe de Evaluación (TIE) del IPCC, entre los escenarios que figuran en el IE-EE se incluyen:
“A1. La línea evolutiva y familia de escenarios A1 describe un mundo futuro con un rápido crecimiento económico, una población mundial que alcanza su valor máximo hacia mediados del siglo y disminuye posteriormente, y una rápida introducción de tecnologías nuevas y más eficientes. Sus características distintivas más importantes son la convergencia entre regiones, el desarrollo de recursos y el aumento de las interacciones culturales y sociales, acompañadas de una notable reducción de las diferencias regionales en cuanto a ingresos por habitante. La familia de escenarios A1 se desarrolla en tres grupos que describen direcciones alternativas del cambio tecnológico en el sistema de energía. Los tres grupos A1 se diferencian en su orientación tecnológica: utilización intensiva de combustibles de origen fósil (A1FI), utilización de fuentes de energía de origen no fósil (A1T) o utilización equilibrada de todo tipo de fuentes (A1B) (el término “equilibrada” indica que no se dependerá excesivamente de un tipo determinado de energía como por ejemplo el petróleo, en el supuesto de que todas las fuentes de suministro de energía y todas las tecnologías de uso final experimenten mejoras similares).
A2. La familia de líneas evolutivas y escenarios A2 describe un mundo muy heterogéneo. Sus características más distintivas son la autosuficiencia y la conservación de las identidades locales. Las pautas de fertilidad en el conjunto de las regiones convergen muy lentamente, con lo que se obtiene una población mundial en continuo crecimiento. El desarrollo económico está orientado básicamente a las regiones, y el crecimiento económico por habitante, así como el cambio tecnológico, están más fragmentados y son más lentos que en otras líneas evolutivas.
B1. La familia de líneas evolutivas y escenarios B1 describe un mundo que tiende hacia la convergencia con una población mundial que alcanza un máximo hacia mediados del siglo y desciende posteriormente, como en la línea evolutiva A1, pero con rápidos cambios de las estructuras económicas orientados a una economía de servicios y de información, acompañados de una utilización menos intensiva de los materiales y de la introducción de tecnologías limpias con un aprovechamiento eficaz de los recursos. En ella se da preponderancia a las soluciones de orden mundial encaminadas a la sostenibilidad económica, social y medioambiental, así como a una mayor igualdad, pero en ausencia de iniciativas adicionales en relación con el clima.
B2. La familia de líneas evolutivas y escenarios B2 describe un mundo en el que predominan las soluciones a nivel local para alcanzar sostenibilidad económica, social y medioambiental. Es un mundo cuya población aumenta progresivamente a un ritmo menor que en A2, con unos niveles de desarrollo económico intermedios, y con un cambio tecnológico menos rápido y más diverso que en las líneas evolutivas B1 y A1. Aunque este escenario está también orientado a la protección del medio ambiente y a la igualdad social, se centra principalmente en los niveles local y regional.
Para cada uno de los seis grupos de escenarios (A1B, A1FI, A1T, A2, B1 y B2) se ofreció un escenario ilustrativo. Todos ellos deberían considerarse igualmente adecuados.
Los escenarios del IE-EE no incluyen iniciativas adicionales en relación con el clima, lo que significa que no se incluyen escenarios que asuman expresamente la aplicación de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas o los objetivos de emisiones del Protocolo de Kioto.”
[3] Las siglas “ppm” representan “partes por millón”, es decir, “la relación entre el número de moléculas del gas de efecto invernadero y el número de moléculas de aire seco” (http://www.ipcc.ch).
[4] Para acceder a un resumen de la legislación básica en materia de cambio climático, véase http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/documentacion_c c/normativa_cc/.
[5] Uno de los principales instrumentos de mercado, que facilitan una consecución flexible y eficiente de los compromisos en materia de cambio climático adquiridos en el Protocolo de Kioto, es el sistema de permisos negociables. Las empresas de determinados sectores económicos (véase la Directiva 2003/87/CE para más información) reciben un número dado de permisos y estos se negocian en función de la estructura de costes de la empresa (incluyendo los costes derivados de la reducción de emisiones) y el precio del permiso en el mercado. La inclusión de un mayor número de sectores en el EU-ETS aumentará la eficacia; se están preparando negociaciones en torno a esa cuestión.
[6] Obsérvese, no obstante, que existen muchas cuestiones pendientes de concretar en relación con la captura y el almacenamiento de carbono debido a las cuestiones de seguridad en el almacenamiento y al hecho de que se trata de una solución de carácter parcial y local (Helm, 2007, pers. comm.)
[7] Conforme al Real Decreto RD1866/2004, el año base para el CO2, el CH2 y el N2O es 1990, y para los hidrofluorocarburos, los perfluorocarburos y el SF6, 1995.
[8] Nótese que tras la publicación del presente artículo (en su versión inglesa), el gobierno publicó un documento que recoge medidas urgentes de la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL). Este paquete de medidas está disponible en: http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_clim atico/documentacion_cc/estrategia_cc/pdf/plan_med_urg.pdfEn este documento se detallan con mayor precisión los objetivos a lograr, subsanando así en parte la falta de concreción anterior. El éxito de dichas medidas se evaluará en el futuro y estará supeditado a la actuación de las CCAA en materia de lucha contra el CC.
[9] (APEC) son las siglas en inglés del Foro Económico Asia-Pacífico.
Byatt, I. et al. (2006), ‘The Stern Review “OXONIA Papers”: A Critique’, World Economics, vol. 7, nº 2, pp. 145 a 150.
Carter et al. (2006), ‘The Stern Review: A Dual Critique’, World Economics, vol. 7, nº 4, pp. 165 a 232.
Dietz, S. et al (2007), ‘Reflections on the Stern Review (1), A Robust Case for Strong Action to Reduce the Risks of Climate Change’, World Economics, vol. 8, nº 1, pp. 121 a 168.
Gilkson, A. (2007), ‘Climate Change. A Response to “The Stern Review”: A Dual Critique’, World Economics, vol. 8, nº 1, pp. 233 a 238.
http://203. 127.220.67/etc/medialib/apec_media_library/downloads/news_uploads/2007aelm.Par.0001.File.tmp/07_aelm_ClimateChangeEnergySec.pdf http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/colqfqaq
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0035en01.pdf
http://ec.europa.eu/environment/climat
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf
http://unfccc.int/resource/kpco2.pdf
http://www.ipcc.ch (para el Resumen para responsables de políticas – Grupos de trabajo I, II y IIII).
http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_clim atico/documentacion_cc/estrategia_cc/pdf/plan_med_urg.pdf
Lázaro-Touza, L.E. (2006), ‘Cambio climático, Protocolo de Kioto y economía española. España 2005. Un Balance’, Colegio de Economistas de Madrid, pp. 301 a 307.
OECC y UCLM (Universidad de Castilla-La Mancha) (2005), Principales conclusiones de la evaluación preliminar de los impactos en España por efecto del cambio climático. Proyecto ECCE, Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Oficina Española de Cambio Climático.
Stern, N. et al. (2006), The Economics of Climate Change. The Stern Review, http://www.hm-treasury.gov.uk./independ ent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_index.cfm
Stern, N. (2006b), ‘Climate Change. Reply to Byatt et al.’, World Economics, vol. 7, nº 2, pp. 153 a 157.
[1] Las externalidades son efectos beneficiosos o perjudiciales ocasionados como consecuencia del desarrollo de una actividad (por ejemplo la quema de combustibles fósiles) que afectan a agentes que no intervienen en el desarrollo de dichas actividades y por las cuales no pagan (en el caso de las externalidades positivas) o no reciben compensación (en el caso de las externalidades negativas). A lo largo del artículo se hará referencia a las externalidades negativas (la contaminación y los daños resultantes) derivados del cambio climático.
[2] Según el Tercer Informe de Evaluación (TIE) del IPCC, entre los escenarios que figuran en el IE-EE se incluyen:
“A1. La línea evolutiva y familia de escenarios A1 describe un mundo futuro con un rápido crecimiento económico, una población mundial que alcanza su valor máximo hacia mediados del siglo y disminuye posteriormente, y una rápida introducción de tecnologías nuevas y más eficientes. Sus características distintivas más importantes son la convergencia entre regiones, el desarrollo de recursos y el aumento de las interacciones culturales y sociales, acompañadas de una notable reducción de las diferencias regionales en cuanto a ingresos por habitante. La familia de escenarios A1 se desarrolla en tres grupos que describen direcciones alternativas del cambio tecnológico en el sistema de energía. Los tres grupos A1 se diferencian en su orientación tecnológica: utilización intensiva de combustibles de origen fósil (A1FI), utilización de fuentes de energía de origen no fósil (A1T) o utilización equilibrada de todo tipo de fuentes (A1B) (el término “equilibrada” indica que no se dependerá excesivamente de un tipo determinado de energía como por ejemplo el petróleo, en el supuesto de que todas las fuentes de suministro de energía y todas las tecnologías de uso final experimenten mejoras similares).
A2. La familia de líneas evolutivas y escenarios A2 describe un mundo muy heterogéneo. Sus características más distintivas son la autosuficiencia y la conservación de las identidades locales. Las pautas de fertilidad en el conjunto de las regiones convergen muy lentamente, con lo que se obtiene una población mundial en continuo crecimiento. El desarrollo económico está orientado básicamente a las regiones, y el crecimiento económico por habitante, así como el cambio tecnológico, están más fragmentados y son más lentos que en otras líneas evolutivas.
B1. La familia de líneas evolutivas y escenarios B1 describe un mundo que tiende hacia la convergencia con una población mundial que alcanza un máximo hacia mediados del siglo y desciende posteriormente, como en la línea evolutiva A1, pero con rápidos cambios de las estructuras económicas orientados a una economía de servicios y de información, acompañados de una utilización menos intensiva de los materiales y de la introducción de tecnologías limpias con un aprovechamiento eficaz de los recursos. En ella se da preponderancia a las soluciones de orden mundial encaminadas a la sostenibilidad económica, social y medioambiental, así como a una mayor igualdad, pero en ausencia de iniciativas adicionales en relación con el clima.
B2. La familia de líneas evolutivas y escenarios B2 describe un mundo en el que predominan las soluciones a nivel local para alcanzar sostenibilidad económica, social y medioambiental. Es un mundo cuya población aumenta progresivamente a un ritmo menor que en A2, con unos niveles de desarrollo económico intermedios, y con un cambio tecnológico menos rápido y más diverso que en las líneas evolutivas B1 y A1. Aunque este escenario está también orientado a la protección del medio ambiente y a la igualdad social, se centra principalmente en los niveles local y regional.
Para cada uno de los seis grupos de escenarios (A1B, A1FI, A1T, A2, B1 y B2) se ofreció un escenario ilustrativo. Todos ellos deberían considerarse igualmente adecuados.
Los escenarios del IE-EE no incluyen iniciativas adicionales en relación con el clima, lo que significa que no se incluyen escenarios que asuman expresamente la aplicación de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas o los objetivos de emisiones del Protocolo de Kioto.”
[3] Las siglas “ppm” representan “partes por millón”, es decir, “la relación entre el número de moléculas del gas de efecto invernadero y el número de moléculas de aire seco” (http://www.ipcc.ch).
[4] Para acceder a un resumen de la legislación básica en materia de cambio climático, véase http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/documentacion_c c/normativa_cc/.
[5] Uno de los principales instrumentos de mercado, que facilitan una consecución flexible y eficiente de los compromisos en materia de cambio climático adquiridos en el Protocolo de Kioto, es el sistema de permisos negociables. Las empresas de determinados sectores económicos (véase la Directiva 2003/87/CE para más información) reciben un número dado de permisos y estos se negocian en función de la estructura de costes de la empresa (incluyendo los costes derivados de la reducción de emisiones) y el precio del permiso en el mercado. La inclusión de un mayor número de sectores en el EU-ETS aumentará la eficacia; se están preparando negociaciones en torno a esa cuestión.
[6] Obsérvese, no obstante, que existen muchas cuestiones pendientes de concretar en relación con la captura y el almacenamiento de carbono debido a las cuestiones de seguridad en el almacenamiento y al hecho de que se trata de una solución de carácter parcial y local (Helm, 2007, pers. comm.)
[7] Conforme al Real Decreto RD1866/2004, el año base para el CO2, el CH2 y el N2O es 1990, y para los hidrofluorocarburos, los perfluorocarburos y el SF6, 1995.
[8] Nótese que tras la publicación del presente artículo (en su versión inglesa), el gobierno publicó un documento que recoge medidas urgentes de la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL). Este paquete de medidas está disponible en: http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_clim atico/documentacion_cc/estrategia_cc/pdf/plan_med_urg.pdfEn este documento se detallan con mayor precisión los objetivos a lograr, subsanando así en parte la falta de concreción anterior. El éxito de dichas medidas se evaluará en el futuro y estará supeditado a la actuación de las CCAA en materia de lucha contra el CC.
[9] (APEC) son las siglas en inglés del Foro Económico Asia-Pacífico.
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